A poco menos de dos meses y medio del cumplimiento del plazo constitucional para decretar el cese de señales de televisión analógica en todo el país, el 31 de Diciembre de este año, se dieron a conocer estadísticas fundamentales sobre el porcentaje de hogares con capacidad para recibir señales de televisión digital, ya sea vía televisión abierta o vía televisión de paga, en Monterrey, Nuevo León y su zona metropolitana, tras el apagón analógico en esa importante concentración urbana. En consecuencia, se ha conocido también el porcentaje y número de hogares que antes del apagón sí tenían acceso al servicio de televisión y hoy no cuentan con él.

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Las diferentes métricas emitidas por entidades de gobierno en estos días, así como de asociaciones de la industria y consultorías de investigación de mercado tienen el propósito de apoyar en la identificación de segmentos de la población que quedarían privados no sólo del acceso a la televisión, sino también de los beneficios que trae consigo su adopción.

Se trata de un servicio que al cierre de 2014 alcanzaba una penetración de 94.9% entre un total de 31.7 millones de hogares mexicanos, que su acceso constituye un derecho acogido por la Constitución y que habilita otros derechos, como el relativo al acceso a la información.

De acuerdo con la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), el Estado decreta el cese de señales analógicas cuando se alcanza un nivel de penetración con receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales en 90% o más de los hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL y los radiodifusores ya ofrecen precisamente esas señales digitales en cada área de cobertura.

En el caso de la localidad de Monterrey, una agencia encuestadora contratada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para conocer sobre la penetración de la TDT en esa ciudad, reveló que solamente 10.3% de los hogares en Monterrey no cuentan con capacidades para recibir televisión digital, lo que corresponde a 120 mil 795 hogares o 472 mil 635 personas.

En franco contraste, el estudio de la agencia especializada en métricas Nielsen IBOPE México señala que al 14 de octubre de este año, 16% de los hogares no contaban con equipamiento (TV digital o decodificador) para recibir señales digitales. Esto resulta en 645 mil 441 personas, luego del cese de transmisiones analógicas del pasado 24 de septiembre.

Independientemente del ángulo del cual se analice, se trata de un claro efecto regresivo, al afectar negativamente a la población social y económicamente más desfavorecida, que antes si tenía acceso a este servicio gratuito.

Es decir los segmentos “D” y “DE” que representan a la clase más pobre del país, resulta ser la más afectada por la terminación de las señales analógicas en esa localidad.

Debe ser un motivo especial de preocupación el hecho que la ciudad de Monterrey tiene un PIB per cápita comparable con algunos países europeos, con hábitos digitales muy avanzados, además de condiciones socioeconómicas que superan el promedio nacional. Es decir que la instrumentación del apagón analógico ahí debió ser un ejercicio relativamente sencillo, pero la evidencia muestra lo contrario.

En un ejercicio de extrapolación de resultados de la transición a la TDT de esa localidad al ámbito nacional, resulta que alrededor de 12 millones de mexicanos, ese 10% de la población de un total de 121 millones, dejaría de recibir la señal de televisión en sus hogares al momento de encender sus pantallas al comienzo de 2016. Esto en un ejercicio lineal, como si las condiciones socioeconómicas de Monterrey fueran iguales en el resto del país.

Sin embargo, es previsible que ante la inequidad persistente en la distribución del ingreso, así como las disparidades en hábitos tecnológicos entre las diversas regiones del país, ese porcentaje podría llegar a ser el doble en e incluso mayor en estados de mucho menor grado de desarrollo como Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca.

Por lo que al inicio del año, esa proporción de hogares entrará en una condición de falta de capacidad para hacerse de contenidos informativos, de entretenimiento, culturales y educativos.

El proceso de apagón analógico está ordenado a nivel constitucional, para concretarse al finalizar el año. Pero su instrumentación ineficiente afectará otros mandatos constitucionales como el del derecho a la información, para aquellos hogares en los que la televisión constituye su principal, y en ocasiones hasta su único medio de acceso a estos contenidos.

Es por todo esto que el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) aboga por el cumplimiento del marco legal, pero también del constitucional que privilegia que el estado garantice el derecho de acceso a la información, dejando una reflexión que se convierte en una preocupación de índole nacional acerca de la disposición legal que al paso del tiempo resulta evidente que no estuvo bien construida, que precipita el proceso de transición a la TDT y que podría condenar a un estado de falta de cobertura a una quinta parte de las familias mexicanas.

Se debe reconsiderar la viabilidad de otras alternativas y la ejecución suficiente de recursos para prevenir esta afectación.

Sólo así se alcanzará el cumplimiento efectivo y eficaz de esa política de actualización tecnológica con el mínimo daño social.

El IDET invita a los organismos públicos involucrados a reflexionar y velar por los intereses y necesidades de la población, especialmente de aquellos segmentos más desfavorecidos, para evitar afectaciones en sus capacidades de conectividad y privarlos de su principal canal de información y entretenimiento por hacer cumplir los tiempos del apagón analógico que se estipularon en condiciones de un total desconocimiento de la cobertura poblacional.