Ernesto Piedras

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De esta forma, las políticas públicas se consolidan en base a objetivos planteados, los medios necesarios para llevarlos a cabo y las acciones correspondientes para lograr su cumplimiento. Es precisamente en este sentido que surge la responsabilidad del gobierno para determinar la prioridad de los diferentes asuntos que le atañen, destinando los recursos correspondientes para su eficiente ejecución.

Y la pregunta aquí es si existe en México ese conjunto de medidas articuladas con la fortaleza institucional, que ameriten llamarse una Política Pública para las  telecomunicaciones.

La respuesta es negativa, categóricamente no. Si acaso existen una serie de acciones y medidas, relativamente conectadas, que se basan en una arquitectura institucional que a todas luces resulta insuficiente. Y eso por no mencionar la desatención que prevalece desde el gobierno federal y los estatales hacia los temas de telecomunicaciones como interconexión, concesiones, competencia, política fiscal de fomento, por mencionar algunos solamente, así como sus efectos sistémicos sobre la economía y la sociedad (generación de empleo, crecimiento económico, salud, educación).

Sabemos que en México y en el mundo, este sector tiene un elevado peso en la economía nacional. Más importantes son aun los efectos transversales de sus servicios, en términos de beneficios a los individuos, a empresas, al gobierno mismo y, con todo, a la sociedad en su conjunto.

Ahí radica parte del problema y la necesidad de contar con una verdadera PP para el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, en que no estamos siendo todos los ciudadanos quienes nos beneficiamos de estos servicios.

El mercado puede y hace mucho, pero no lo logra todo. Una PP efectiva debería, de una vez por todas lograr la competencia efectiva, más allá de discursos y litigios. Pero también debería llegar a toda la población, con instrumentos también efectivos y hasta imaginativos, pero no lo hace.

El cacho de instituciones que atienden estos temas; el cacho de presupuesto que se dedica; el cacho de profesionalización de la esfera y el capital públicos, entre otros, no alcanzan sino para la baja permanente que tenemos en las diversas mediciones y comparaciones internacionales.

Telecomunicaciones: motor de crecimiento económico

Este es uno de los sectores líderes de la economía. De hecho, sistemáticamente las telecomunicaciones crecen entre 2 y 6 veces lo que la economía en su conjunto. Tan solo en  2012, donde el PIB aumentará 3.23% según Banxico, las telecomunicaciones se expandirán por arriba del 7%.

También es líder porque con sus servicios eleva la productividad, la competitividad, el bienestar de las esferas productivas y sociales del país, con su consecuente impacto en generación de empleo, divisas, exportaciones, producción, pero también de más y mejor educación y hasta apropiación de contenidos culturales.

Y aun así, es un sector que no cuenta sino acaso con una serie de medidas y acciones relativamente articuladas, con todo, muy tímidas para poder ameritar llamarse Políticas Públicas.

La urgencia de un soporte institucional adecuado

Haciendo hincapié en que las telecomunicaciones son una industria que aumenta considerablemente la productividad de las empresas, otorga ventajas comparativas a los individuos mediante el acceso a la información y la tecnología de vanguardia, pero principalmente contribuye al crecimiento económico nacional, no cabe duda que es de vital importancia encontrar los medios necesarios para garantizar su sano funcionamiento.

Las telecomunicaciones necesitan ser tomadas en cuenta de manera especial dentro de las políticas públicas que rigen el país ya que los beneficios de hacerlo pueden traducirse a toda la sociedad, siempre y cuando cuenten con el soporte institucional adecuado.

Queda entonces la tarea de construir una Política de Gobierno y sobre todo una Política de Estado, que incluso garantice la sana operación del sector en años de intensa actividad política y electoral como el que recién inicia.