El nuevo marco obliga a plataformas digitales a reforzar la verificación de edad, privacidad y gestión de riesgos, y plantea retos importantes para operadores extranjeros.

Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- El Decreto sobre Entornos Digitales Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el 14 de octubre, introduce nuevas obligaciones para plataformas digitales disponibles en México, incluidas redes sociales, videojuegos y tiendas de aplicaciones. El marco eleva el estándar de protección para personas menores de edad y traslada nuevas responsabilidades hacia áreas de privacidad, tecnología, producto, cumplimiento y gestión de riesgos.

Uno de los principales puntos de atención es su posible alcance a operadores extranjeros sin una entidad legal en México. El decreto no condiciona expresamente su aplicación a que la plataforma cuente con presencia corporativa en el país. De acuerdo con especialistas de Baker McKenzie, las plataformas extranjeras que ofrecen sus servicios en México no deberían asumir que la ausencia de una entidad legal mexicana las excluye automáticamente del nuevo régimen, aunque el decreto tampoco establece expresamente una regla de extraterritorialidad.

Verificación de edad: un nuevo reto para privacidad y tecnología

El decreto establece que las plataformas deberán implementar mecanismos confiables y seguros de verificación de edad, que no podrán limitarse a la autodeclaración. Según el análisis de Baker McKenzie, esto adquiere especial relevancia para los equipos de privacidad, ya que las soluciones de verificación pueden incrementar la recopilación y tratamiento de datos personales. Las empresas deberán evaluarlas bajo criterios de necesidad, proporcionalidad, seguridad y conservación.

La regulación también exige que las nuevas cuentas ya tengan por defecto las configuraciones más estrictas de privacidad y seguridad disponibles, además de criterios públicos de clasificación por edad y moderación, mecanismos permanentes para reportar contenidos y herramientas de supervisión parental.

El cumplimiento ya tiene fecha

Las plataformas comprendidas deberán documentar y reportar las medidas implementadas dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Entre las nuevas obligaciones se encuentran evaluaciones periódicas de riesgos asociados con el diseño, funcionalidades y sistemas de recomendación, reportes estadísticos sobre determinadas tendencias de contenido y la designación de un punto de contacto especializado con autoridades disponible 24/7, con capacidad de acción técnica inmediata.

Aunque el decreto no establece una multa administrativa específica por incumplimiento, los especialistas de Baker McKenzie, entre ellos Daniel Villanueva, Socio, Christian Zinser, Socio, y Paulina Bojalil, Asociada, advierten que esto no elimina necesariamente otros riesgos legales. Las nuevas obligaciones podrían adquirir relevancia en eventuales reclamaciones de responsabilidad civil cuando el daño alegado esté relacionado con los riesgos que las medidas buscan prevenir.

Un cambio que exige coordinación entre áreas

Ante este escenario, las empresas deberían iniciar un análisis de brechas que abarque verificación de edad, privacidad por defecto, moderación, controles parentales, evaluaciones periódicas de riesgos, reportes estadísticos, conservación de evidencia y mecanismos de respuesta a autoridades. Para los operadores extranjeros será especialmente importante evaluar los servicios dirigidos o disponibles en México y documentar su posición frente al alcance del decreto, mientras se monitorea cualquier regulación adicional que pueda precisar sus efectos territoriales.

El nuevo marco convierte la seguridad de niñas, niños y adolescentes en un asunto transversal de privacidad, tecnología, gobernanza y gestión de riesgos. Para las plataformas digitales, el plazo para comenzar a traducir estas obligaciones en medidas concretas ya está corriendo.